Agradezco la invitación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte, para participar en este evento. Así mismo saludar a los participantes de esta mesa redonda aquí presentes.
Quiero iniciar mi participación expresando mi solidaridad con las familias que se han visto afectadas por este tipo de casos, muy dolorosos y traumáticos.
En segundo lugar debo expresar mi total rechazo y desacuerdo a la aplicación de la pena de muerte a los violadores. La finalidad y la crueldad inherentes a la pena capital hacen que ésta resulte incompatible con las actuales normas de conducta civilizada y que sea una respuesta inadecuada e inaceptable a los delitos violentos.
¿Cuáles son mis razones? , a continuación paso a enumerarlas y sustentar cada una de ellas.
Primero: Nuestra sociedad se debate en una grave y compleja crisis de valores. La corrupción está corroyendo las bases de nuestro país que de seguir vamos a un proceso de anomia social y podremos desaparecer como en la historia pasó con el Imperio Romano.
Segundo: Lo anterior se refleja en una serie de hechos que de alguna manera directa o indirectamente llevan a producir estos casos.
a) La Familia, institución célula de la sociedad, llamada así cuando estudiábamos en la escuela o colegio hoy esta herida de muerte. Para nadie es un secreto la manera como hoy se conforman los hogares con padres muy jóvenes, con escasa preparación para asumir el rol de ser agentes socializadores de los hijos. Es el hogar la primera escuela de formación en valores y por lo tanto allí se inicia en muchos casos la deformación de la conciencia moral del ser humano.
Padres que muchas veces no cuentan con un trabajo y salario digno, que no les alcanza para el sustento adecuado de sus hogares. La difícil situación laboral y económica, en general ha obligado que en los últimos años uno de los padres, en mayor proporción la madre, migre al extranjero a trabajar (Chile, Argentina, Estados Unidos, España) rompiéndose entonces el hogar y quedando los hijos a cargo del padre que a su vez deja en abandono moral a los hijos por tener que salir a buscar trabajo o trabajar en horarios que no le permiten acompañar a sus hijos. En ciertos casos padres que se ven afectados psicológicamente por la separación abrupta de su pareja y sufre desórdenes que van desde tomar, drogarse, buscarse otra pareja y al final los hijos sufren las consecuencias de un hogar desarticulado y en algunos casos el padre ve en la niña el reflejo de la esposa y sufre la violación. En otros la madre se une a otro hombre y el padrastro viola a la hijastra. Recordemos que la mayoría de víctimas de violación son padres o familiares cercanos (22% de los casos, son el padre, hermano, tío o padrino, ONG Flora Tristán). Este porcentaje de alguna manera lo refrenda la Fiscalía de la Nación.
De aplicarse la pena de muerte, según los expertos, disminuirían las denuncias porque implicaría el asesinato de otro familiar.
b) La Escuela o el Colegio: No en vano ocupamos el penúltimo lugar en las estadísticas latinoamericanas, solo superamos a Haití. Con una inversión pobre por la educación de calidad, con profesores de “miércoles” como los ha llamado el actual Director de Educación Regional de La Libertad, por encontrar casi solo tres días en la escuela y luego desaparecen hasta la siguiente semana. Me pregunto ¿Quién forma a los docentes?, ¿Cómo se forman?; ¿Cuál es el nivel moral de los docentes a quienes se les otorga la más sublime y delicada labor de formar ciudadanos? ¿Se forma o deforma al alumno?
c) Los Institutos, Centros Tecnológicos y Universidades: ¿Tienen en sus planes de estudio el tema de la ética? ¿Cómo y qué tipo de cursos de éticas se desarrollan?; el afán de competitividad, el espíritu rentista acaso no es el que niega un lugar al dictado de este curso donde se interesan por lo individual y no por lo colectivo?.
d) El Estado y sus instituciones: ¿Cuál es el ejemplo que da en los organismos públicos, desde el primer mandatario, pasando por los altos funcionarios hasta llegar al simple trabajador estatal de actitud ética?; ¿Cuántos realmente son servidores públicos y no se sirven del cargo?. Ni hablar del Poder Legislativo, “otorongo no come otorongo”.
e) Poder Judicial: Es una institución del Estado que por estar relacionada al tema de administración de justicia, en mérito a lo que dispone la Constitución y leyes del país, he preferido colocar en un item aparte.
Nuestra Justicia, obedece a la Constitución y demás normas que devienen de ella en el país. La pena de muerte en nuestro país siempre ha obedecido a situaciones coyunturales y emocionales, antes que a razones jurídicas, en la mayoría de casos se impuso esta pena en dictaduras militares o en gobierno autocráticos (María E. Hidalgo). Las tres primeras Constituciones (1823, 1826 y 1828) incluyeron la pena máxima. Dejando a discreción a la autoridad en los casos que se merezca.
La Carta de 1856 abolió la pena de muerte, declarando la inviolabilidad de la vida humana. Constituyente de 1860 restablece la pena de muerte (homicidio calificado y traición a la patria).
En 1867 la Constitución volvió a abolir la pena capital que duró un año. En 1868 se volvió a restablecer, de allí las Constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993; la mantienen pero con ciertas variantes. Llamo la atención sobre la de 1933 que es la que hace la pena de muerte extensiva a varios delitos en relación a todas las que existen en el país, se aprobó en el régimen de Luís Sánchez Cerro.
Entre 1957 y 1979 se han realizado dos ejecuciones de violadores ( Jorge Villa--
nueva Torres (a) “El monstruo de Armendáriz” por violar y asesinar a un niño
de tres años y en 1966 Guillermo Lavalle Vásquez (a) “Pichuzo” por violar y -
decapitar a un niño.
¿Puede o no puede este poder administrar justicia? A simple vista el ciudadano de a pié se da cuenta que no puede ni consigo mismo. “No sirve, no hacen justicia” son las frases que se escuchan. ¿Cuántos violadores tienen condena perpetua? Solo 1 (Nicolás Gutierrez Mendoza (a) “El monstruo de Parcona” que violó a 13 niños en Villa María del Triunfo. Hay encarcelados 21 violadores que asesinaron a sus víctimas, el resto bien gracias.
¿Cuántos son inocentes y cuántos culpables?. El error judicial en nuestro país es grande ¿Arriesgaremos matar a inocentes en el peor de los casos si se aprueba esta ley? (En USA, 122 personas se salvaron a último minuto de morir y ellos cuentan con normas y tecnologías mejores que las nuestras). Mientras no exista una adecuada reforma y se reduzca la corrupción del P. Judicial, esto será nulo.
Por otra parte el espíritu de la ley busca rescatar para la sociedad al que la infringe ¿en que quedamos?, ¿Regresamos a la Ley del Talión?, ley con una dimensión compensatoria, agresiva, retributiva ¿no sería mejor que quien hizo daño a la sociedad “repare” cooperando positivamente, al bien de la sociedad?
Nuestras cárceles lamentablemente son producto de una política penitenciaria que adolece del espíritu de recuperación, de rehabilitación y resocialización para la sociedad del infractor. Son al contrario centros de corrupción, brutales e inhumanos, allí aumentan la depravación. Me pregunto si ¿Vivir en una prisión peruana el resto de sus vidas un violador no es peor que ser muerto? ¿Acaso no sabe el violador que el día que ingrese a un penal los internos le aplican su mismo delito y no un día sino toda la vida?
f) Los Colegios profesionales: ¿Cuántos Comités de ética funcionan?, ¿Cuántos eventos sobre Deontología se han desarrollado?, ¿Cuántos casos en contra de la deontología han sancionado?; ¿Acaso el mal entendido espíritu de cuerpo no es el que funciona encubriendo al colega?.
g) El sector privado: No escapa de esta crisis moral de corrupción en nuestro país. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de su responsabilidad social empresarial?, ¡Acaso no vemos como en los planes estratégicos empresariales casi siempre está ausente el marco axiológico es decir los valores corporativos en los que deben de basar sus actos y tomar sus decisiones?
h) Medios de Comunicación: En la Sociología y Antropología están considerados
como agentes de socialización. ¿Realmente socializan a nuestra sociedad? ¿Qué
vemos en la televisión peruana?, ¿Qué leemos en los diarios?, ¿Qué escuchamos
en la radio?, obviamente hay excepciones a la regla pero desgraciadamente son
las excepciones cuando debieran ser al revés.
Luego de este breve diagnóstico me pregunto ¿Puede una sociedad enferma dejar de producir violadores? ¿Aprobar la pena capital no es atacar los efectos de una sociedad enferma y no las causas que la generan?
Tercero: La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los económicamente desfavorecidos, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas. En nuestro país el Informe de la CVR concluye que uno de los graves problemas de nuestro país es la discriminación ¿Puede un pobre o miembro de una etnia minoritaria ser juzgado imparcialmente? (52% de peruanos). Los presos ejecutados no son necesariamente aquellos que cometieron los peores delitos, sino los que eran demasiado pobres para contratar a un abogado hábil para defenderlos o los que se enfrentaron a fiscales más duros o jueces más severos.
Cuarto: La propuesta va contra el principio de progresividad, principio propio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (“nunca se puede retroceder lo avanzado”). Nuestro país al suscribir la Convención Interamericana de DD HH dio un gran paso, avanzó en cuanto al respeto de los DDHH. Los DDHH son inaliebales es decir pertenecen a todas las personas, independientemente de cuál sea su condición, etnia, religión u origen. Nadie puede verse privado de ellos, no importa los delitos que haya cometido. Se aplican tanto al peor como al mejor de los seres humanos, y por eso están ahí, para protegernos a todos y salvarnos de nosotros mismos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en respuesta al asombroso grado de brutalidad y terror estatal de la Segunda Guerra Mundial, reconoce el derecho del individuo a la vida y afirma categóricamente: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». En opinión de Amnistía Internacional, la pena de muerte viola estos derechos.
Quinto: Hoy la tendencia universal se encamina hacia el respeto a la vida. En el mundo 129 países han abolido la pena de muerte, 68 la retienen y aplican; 25 son abolicionistas de hecho, es decir, la tienen contemplada en su legislación pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años.
Sexto: En nuestro país se vienen manejando argumentos falaces a favor de la pena de muerte que a continuación paso a desenmascarar uno a uno.
A) “Las cifras han crecido”
Los que promueven la pena capital para los violadores de menores y que como agravante los asesinan, (Presidente Alan García, Célula Parlamentaria Aprista, Congresista Lourdes Alcorta (Unidad Nacional), citan una serie de estadísticas afirmando que estas cifras han crecido considerablemente. ¿Qué hay de cierto en ello?
“En el proyecto de ley presentado por el ejecutivo se señala que entre el 2002 y 2006 se registraron 78 violaciones de menores, de los cuales 6 casos terminaron en asesinato de la víctima. Se basa en los datos de la Dirección de Investigación Criminal (Dinincri), pero las estadísticas contradicen este dato ya que muchos casos no se denuncian por el miedo de las víctimas a denunciar el delito, las condiciones geográficas inaccesibles en muchas zonas de la selva y la sierra, la presencia nula de entidades del Estado y por último no existe en nuestro país una institución que se dedique a llevar el registro único y verídico sobre estos casos. En realidad son más el número de casos que los que señala el proyecto del ejecutivo.
Según la Policía Nacional se tiene:
2004 se registraron 4,600 violaciones
2003 se registraron 4,676 violaciones
2002 se registraron 4,735 violaciones
En cuanto a violaciones seguidas de muerte de la víctima: se tiene que del 2004 al 2005 ha habido un leve descenso: de 28 asesinatos en el 2004, a 24 en el 2005.
Si se revisa las cifras del Centro de Emergencia del MIMDES y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), las cifras son otras y no reflejan un incremento más bien expresan que los niveles de abuso se mantiene casi estables.
Según el Instituto de Medicina Legal (IML), hace una proyección de 14,600 violaciones al año en el país, basados en denuncias y casos revisados por ellos; pero señalan que no existen registros disponibles que aseguren todo esto.
Por lo tanto no se puede conocer la dimensión real de este problema. Habría que instalar, como en Colombia, un Observatorio del Crimen; que permita llevar un registro verídico y sostenido de éstos y en especial, la violación de menores. Lo que se da y en extremo es el sensacionalismo de medios de comunicación que “levantan” el tema por ser noticia “que vende” pero de una manera paradójica la noticia va al lado de una mujer desnuda, de noticias y reportajes que cosifican a la mujer y no ayudan a formar en valores a los niños y jóvenes y aumentan el morbo en el imaginario colectivo.
B) “La Pena de muerte es disuasiva”
Según los proyectos del Ejecutivo, CPA y Lourdes Alcorta refieren que la pena debe de aprobarse como medida disuasoria. Sin embargo ninguno de los tres proyectos se fundamenta en estudios que así lo demuestren. Inclusive el proyecto de Lourdes Alcorta refiere que “el tema no es si la pena capital es disuasiva o no. Su imposición es el justo castigo que la sociedad impone a esos desgraciados violadores. Si más adelante es disuasiva en buena hora” ¿Quiere decir que no importan las razones en contra de la pena de muerte, sencillamente hay que aplicarla?. Los otros dos proyectos van por ese mismo argumento.
En su artículo “Pena de muerte: populismo penal”, Ernesto de la Jara Basombrío (
www.justiciaviva.org.pe, # 260, del 17 de agosto de 2006, del Consorcio Justicia Viva; refiere lo siguiente sobre la eficacia de la pena de muerte:
”…me permito recordar las principales conclusiones a las que llegaron en la misma dirección Matilde Ráez y Mariela Falvy, dos psicoanalistas peruanas que durante 7 años, investigaron a 8 condenados de muerte en el Perú, 5 de los cuales llegaron a ser ejecutados. Fue cuando al general Velasco se le ocurrió la brillante idea de dar una norma (Ley 19910 del 30 de enero del 73) castigando con pena de muerte el homicidio de policías y militares (representantes de la autoridad), dispositivo que se derogó en 1979.El estudio arrojó claramente:
1) Que la aplicación de la pena de muerte no cesa la comisión del delito en cuestión.
2) Que dicha pena no significa ni siquiera un castigo para el delincuente, como se cree.
3) Que el tipo de mensaje que se emite con este tipo de propuesta es muy peligroso para la sociedad en términos de la mentalidad que se pueda estar sedimentando.
Así lo escribieron con todas sus letras ambas profesionales, después de una serie de estudios:
1)"El asesinato de policías desgraciadamente continuó; saber que existía el riesgo de la
pena de muerte no impidió la repetición del delito.
2)"Creemos que la mayor parte de los casos, no se logra el objetivo de castigar, al contrario la pena de muerte en un sentido dinámico, lo que logra como en nuestro estudio, es graficar finalmente el sentimiento interno de autodestrucción". (Revista Ideele # 55-56, 1993)
3)”Creemos desde la experiencia clínica-psicológica que además la pena de muerte crea conductas identificatorias muy peligrosas para la sociedad.
Se trata entonces de un estudio “made in Perú” que ratifica las conclusiones de otros innumerables estudios, hechos por todas partes del mundo, antes y después.
El estudio más reciente de resultados de investigaciones sobre la relación entre pena de muerte y tasas de homicidio, llevado cabo para las Naciones Unidas en 1988 y actualizado en 1996, concluyó: «[...] la investigación no ha conseguido demostrar científicamente que las ejecuciones tengan mayor efecto disuasivo que la cadena perpetua. Y no es probable que lo consiga próximamente. En conjunto, las pruebas científicas no ofrecen ningún respaldo a la hipótesis de la disuasión». También se puede consultar en Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, Oxford, Clarendon Press, tercera edición, 2002, pág. 230)
Un ejemplo patente es Guatemala, el único país democrático de América Latina que tiene vigente la pena de muerte (para delitos comunes, homicidio con circunstancias agravantes), sin embargo la estadística refleja que los crímenes han aumentado de 4,346 casos en el 2004, a 5,338 en el 2005. Es histórica y de triste recordación la ejecución de Manuel Martínez Coronado, acusado de matar a una familia completa, fue sentenciado a muerte el año 1988, para lo cual se le aplicó la inyección letal. Su muerte fue televisada a nivel nacional en vivo y en directo como una forma de disuadir a los que delinquen, se esperó una muerte sin sufrimiento en 30 segundos, la población observó aterrorizada la prolongada agonía y sufrimiento de este delincuente que duró exactamente 18 minutos. Con el agravante que no solo vieron morir a esta persona sino que se enfocó el dolor y desesperación de la esposa y de sus hijos, quienes en una habitación contigua observaban el hecho por circuito cerrado.
C) “Podemos renunciar parcialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”
Diego García Sayán, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, refiere que “En principio hay que distinguir si un Estado signatario de la Convención puede o no denunciarlo. En abstracto sí”.
El tema es que el Presidente de la República, la Presidenta del Congreso y otras personas afirman que si es posible renunciar parcialmente a la Convención Americana, Solo es posible si el tratado así lo tiene previsto y considera. Ni la Convención de Viena de Derechos del Tratado, ni la Convención Americana de DD HH lo tienen previsto. Inclusive si se da un caso que necesita interpretarse, el único reconocido por los Estados soberanos es la Corte Interamericana.
Existe un claro antecedente del Perú, año 1999, época de Fujimori y Montesinos que trataron de retirar al país de la Corte para salvarse de ser juzgados por violación a los DDHH y la Corte resolvió con una negativa tal posibilidad.
D) “Podemos ampliar la pena capital a otros casos”
Los que arguyen esto, entre ellos Alan García, olvidan o no quieren recordar que existe una norma expresa que prohibe la extensión de la pena de muerte a nuevos supuestos (Art. 4º inc. 2).
Pueden argumentar que cuando se suscribió o ratificó inicialmente la Convención en 1978, estaba vigente la Constitución de 1993 en la que la pena de muerte estaba contemplada para una serie de supuestos entre los que se podía comprender el tema de los violadores. Esto es una especie de “interpretación auténtica” al mejor estilo de Fujimori. No aguanta el menor análisis jurídico. El Perú soberanamente había suscrito la Convención para casos de traición a la patria en caso de guerra.
E) “Somos un Estado soberano y podemos aplicar la pena de muerte a los violadores”
El Perú estaría faltando a la Convención, se estaría faltando a la legitimidad jurídica, por lo tanto estos casos pueden ir a la Corte Interamericana y los defensores de esta medida ser juzgados por atentar contra los DD HH.
F) “Si no se puede ampliar la pena capital a otros casos denunciaremos la Convención y aplicaremos esta a los violadores que tenemos”
Tampoco es así de fácil la situación. El Perú como Estado soberano debe de primero respetar el artículo 78 de la Convención, que establece un preaviso de un año, y aunque pase un año, todos los derechos supuestamente afectados dentro del período de vigencia de la Convenció, incluido el año adicional, seguirán bajo la protección del sistema interamericano.
G) “Si nos salimos de la Convención no tendremos sanciones a nivel internacional”
Totalmente falso, en un mundo globalizado, con un contexto de integración regional el tema de Democracia y respeto a los DDHH es fundamental. Además hay que recordar que fue el Perú el que impulsó la Carta Andina de los DDHH.
Lo peor de todo es que si nos salimos de la Convención los que sufrirían más son los pobres por cuanto no tendrían a donde recurrir como ahora lo hacen las personas y familias afectadas por el terrorismo y representantes del Estado enfrascados durante veinte años en una violencia de triste recordación. Hoy el estado peruano se ha visto a reconocer errores y proceder a indemnizar a varias personas y devolverles sus derechos mancillados, mañana ¿será posible?, lo veo muy difícil, más aún con una débil democracia en que la tentación de de pisotear los DDHH está latente.
La historia del Perú y del mundo nos enseña que el uso de la pena de muerte por parte del Estado también ha sido utilizado por grupos armados como justificación para cometer actos de represalia, continuando con la espiral de violencia.
Propuesta:
A problemas complejos debemos de dar soluciones integrales.
Aprobar la pena de muerte es como darle a un enfermo una pastilla para bajarle la fiebre y al poco tiempo se nos muere de una bronco pulmonía fulminante. Nuestra sociedad está enferma y debemos darle un tratamiento integral o seguirán apareciendo más violadores. Matar un violador no nos asegura por lo tanto que otros violadores no aparezcan. Es continuar atacando los efectos y no las causas.
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El facilismo, es justamente atacar los efectos y no las causas, eliminar los problemas humanos, eliminando el hombre, es una facilísima solución que viene desde la primera salida del hombre de las cavernas.
Debemos de tener en cuenta que el hombre, la sociedad humana, está yendo hacia delante, buscando su desarrollo (principio de progresividad). Los seres humanos en cada época que les ha tocado vivir lo ha hecho en medio de leyes, normas y costumbres que en su momento parecían “normales” así la matanza de indios en la conquista española, la matanza en la revolución francesa, la revolución bolchevique, etc. Con el pasar de los años y mirando hacia atrás la historia de la humanidad nos horroriza la brutalidad de nuestras acciones.
Por lo tanto un acto brutal de matar a un violador, a mi sencillo entender no puede enmendarse con otro acto y más brutal que es la pena de muerte, es matar a sangre fría, todo un largo proceso con riesgos de fallas que se torna en una muerte lenta al mejor estilo de ley del linchamiento, del ojo por ojo, de venganza y no de la razón, de retroceso social y no de progreso, por ello me opongo totalmente a la pena de muerte.
“La mayoría de la gente se indigna cuando oye relatar casos de individuos a quienes se les han aplicado 100 voltios de electricidad en zonas sensibles del cuerpo para torturarlos, ¿no debería sentir aún más indignación por la aplicación de 2.000 voltios a una persona para matarla deliberadamente? El dolor físico que provoca la acción de matar a un ser humano no puede ser cuantificado, ni tampoco el sufrimiento mental de saber de antemano que se va a morir a manos del Estado (…) La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos. Consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a la vida que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante” (Amnistía Internacional).
Si realmente queremos un país mejor y con menos violadores iniciemos un proceso de mejoramiento de nuestra sociedad, es decir ataquemos las causas. Debemos de formular Políticas y leyes a favor de la familia, generación empleo, lucha contra la pobreza, mejora educativa, campañas de valores en los que los medios de comunicación, las empresas, asuman su rol y responsabilidad social, pero sobre todo nuestras autoridades, los representantes de la sociedad civil y pueblo en general inculquemos valores nuestros actos, ayudemos en nuestro pueblo a desarrollar su conciencia moral, y para ello el ejemplo es el mejor maestro de la vida.
Mi confesión religiosa es la católica y en ella aprendemos que la Vida es uno de los derechos humanos más grandes, es un valor inmenso que debemos de cuidar, cuidemos la vida de nuestros niños dándoles buenos hogares, una mejor sociedad.
Que la razón nos haga reflexionar y evitemos caer en decisiones cargada de un fuerte componente emocional.
Muchas gracias,
Juan Gamarra Nieto
Antropólogo Social
Nota:
Coartada para salirnos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Corte de San José de Costa Rica) por los juicios que afrontan miembros del actual gobierno por actos contra los DDHH.
